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Venezuela, un caso muy particular

Kamal Romero @kamromero

Economista y Profesor de Macroeconomía en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros-UCM

Recientemente Venezuela ha ocupado numerosas páginas y minutos en los medios de comunicación locales. Muchos en España advierten de la terrible situación del país a la vez que lo emplean como ejemplo de hasta donde se podría llegar en situaciones extremas.  No obstante se ha de advertir que Venezuela es un caso muy particular, difícil de comparar ya no solo con otros países de su región, sino incluso con naciones que también presentan fuerte dependencia de la exportación de materias primas, específicamente del petróleo (ver Karl (1997)). De ahí que la comparación relevante en el caso venezolano es con ella misma.

En un artículo de 1993, el premio Nobel Robert Lucas acuñó el término “Milagros de Crecimiento” para referirse a economías como Corea del Sur, que en un período relativamente corto de tiempo (30 años) lograron transformar su sociedad e incrementar el nivel de vida de sus ciudadanos hasta equipararlo al de economías desarrolladas. Lucas identifica el continuo crecimiento del PIB per cápita como el factor clave detrás de este fenómeno, y propone tomar en cuenta factores como la inversión en capital humano a la hora de elaborar teorías para explicar patrones como el de Corea. Hoy día, ya casi un cuarto de siglo después del artículo de Lucas, entendemos que factores como el capital humano, la innovación tecnológica, las instituciones y la correcta asignación de recursos en una economía, entre otros, son claves para entender estos “milagros”.

También hemos observado ejemplos de “desastres de crecimiento”. El más citado es Argentina, cuyo PIB per cápita en 1950 era mayor al de Japón, pero en 1990 el PIB per cápita de Japón era casi 10 veces mayor al de 1950 mientras que el de Argentina era solo 1,2 veces mayor. Esto se traduce en que el producto por persona japonés en 1990 era 3 veces mayor que el argentino.

Hoy día presenciamos en directo otro caso de desastre económico, Venezuela. Una nación que pasa, de una supuesta abundancia alimentada por los altos precios del petróleo, a un colapso financiero y social no observado en economías con  dependencia similar a los hidrocarburos. No es solo una cuestión de primas de riesgo (de las más altas del mundo), inflación (la más alta del mundo) y déficit fiscal (el más alto del mundo), sino de una importante parte de la población  que no accede a alimentos y otros bienes de primera necesidad, de personas fallecidas por falta de medicamentos,  de racionamientos de energía eléctrica y de 5 ciudades del país  que se encuentran entre las 20 más peligrosas del mundo.

La mala gestión de la reciente abundancia económica ha sido notable, entre 2005 y 2013 el ingreso fiscal real se incrementó un 14,6% mientras que el gasto público real lo hizo un 31%. La expansión fiscal benefició a una parte importante de la población, pero el mecanismo de distribución de la renta petrolera ha estado basado en una serie de subsidios directos e indirectos, realizados no a través de la construcción de un estado formal del bienestar, sino mediante un esquema de controles de precios sobre los productos básicos y un control de las divisas que asignaba éstas de forma discrecional a un precio artificialmente bajo. Al igual que  en una de las Fabulas de Esopo, las buenas intenciones no han sido garantía de éxito. Dicho esquema de controles no solo empeoró la condición fiscal, sino que generó una serie de incentivos perversos que contrajo la inversión privada, la producción y estimuló una importante fuga de capitales.

Analizando la historia contemporánea venezolana encontramos episodios similares. Durante el boom de los precios del petróleo de los años 70, se experimentó una expansión fiscal que superó ampliamente los ingresos y disparó el endeudamiento público. La redistribución de ingresos también se realizó mediante un sistema de subsidios basados en controles de precios, divisas y tipos de interés. ¿Qué ocurrió cuando acabó el boom del precio del crudo? Según cifras del Banco Mundial el PIB per cápita cayó un 55% entre 1981 y 1989, es decir, se redujo en más de la mitad. Al menos no se llegó a la crítica situación actual.

Hemos de preguntarnos por qué con la experiencia anterior y bajo un sistema político distinto, se han cometido errores similares mas no idénticos en cuanto al manejo de la abundancia. La respuesta hay que buscarla en un  elemento común, el petróleo.

La explotación comercial del petróleo a gran escala a partir del final de la segunda década del siglo XX, permitió convertir a Venezuela de una economía rural a una relativamente moderna, en la cual todos los indicadores sociales y económicos presentaron una increíble mejora. Pero la literatura, tanto de la ciencia política como la económica, nos muestra algunos baches en este camino.

Existen trabajos que señalan que el petróleo fue un factor clave a la hora de moldear las instituciones políticas en Venezuela (ver Coronil (1997), Karl (1997) y Naím y Piñango (1984)). Específicamente, la creación de un estado clientelar basado en el reparto de prebendas alimentadas por la renta petrolera. Lo anterior permitió incurrir en comportamientos fiscalmente irresponsables, ya que no existía necesidad de incrementar la presión fiscal y por ende no había resistencia social a este comportamiento. Pero asimismo, permitió el posponer el establecimiento de instituciones que resolvieran los conflictos políticos, ya que el petróleo actuaba como un bálsamo que permitía conciliar las disputas sociales sin la existencia de perdedores aparentes. Adicionalmente, incentivó la creación de “bolsas de renta”, a través de la imposición de controles que permitían que unos privilegiados disfrutaran de las oportunidades de arbitraje, y del uso de organismos oficiales como intermediarios de extracción de rentas entre el sector público y el privado, lo cual se vio reflejado en una deficiente provisión de servicios públicos.

Desde el punto de vista económico, los ingentes ingresos petroleros en presencia de un débil entorno institucional, permitieron que se llevaran a cabo ciertas acciones de política que al igual que la fábula citada arriba, a pesar de sus buenas intenciones no alcanzaron los objetivos deseados. Entre estas encontramos programas de diversificación productiva a través de la creación de grandes empresas públicas principalmente en el sector de materias primas y los procesos inmediatos de transformación,  pero sin alcanzar los de alto valor añadido. Así como políticas de protección al empresariado local que acabaron generando una serie de intereses creados que culminaron en unos grupos de presión, que intentando resguardar cuota de renta petrolera, sirvieron de muro de contención a cualquier cambio en la orientación de esta estrategia.

Se ha cuantificado (Bello, Blyde y Restuccia (2011)) que el coste en términos de PIB (medido como el porcentaje de PIB perdido comparado al de una economía en la cual no existieran dichas distorsiones) debido a la mala asignación de recursos consecuencia de las políticas descritas arriba, ha sido entre 20% y 47%.

Como señala la literatura reciente de crecimiento económico, el fracaso venezolano podría ser consecuencia de una debilidad institucional que ha derivado en: una nefasta asignación de recursos económicos, incentivos a adoptar políticas económicas con unos altos costes futuros pero con un gran rédito inmediato; y un comportamiento de parte de las élites económicas y políticas que se resisten a abandonar un modelo clientelar. Estos comportamientos han sido robustos a gobiernos de color político muy distinto.

La principal labor de cualquier estrategia de salida de esta situación crítica, es la reconstrucción institucional de un país en el cual hoy día el Estado no es capaz de proveer adecuadamente servicios básicos como salud y seguridad, no posee capacidad de seguir reglas básicas de política económica que garanticen la sostenibilidad fiscal necesaria para proveer un sistema de protección social a sus ciudadanos, y que urgentemente debe abandonar un modelo de reparto de renta no compatible con uno de los principales motores del desarrollo: un conjunto de instituciones impersonales cuya objetivo último sea el bienestar de todos los ciudadanos.